JOAN PEIRO - Ministro de Industria.

     

      Joan Peiró i Belis fue uno de los dirigentes más famosos de la CNT en Cataluña hasta la guerra civil. Nacido en Barcelona en 1887, empezó a trabajar de niño en un horno de la industria del vidrio y no aprendió a escribir hasta los veintidós años, ya casado. En 1907 contrajo matrimonio con Mercedes Olives, obrera textil, que siempre apoyó la actividad sindical de su marido. Tuvieron cinco hijos, tres varones -Llibert, Josep y Juli, que murió éste último cuando tenía dos años- y dos mujeres: Aurora y Guillermina.
          Peiró fue el reorganizador principal de la Federación Española de Vidrieros y Cristaleros en 1915 y dirigente de la federación local de sindicatos de Badalona, donde entonces trabajaba y residía. Dirigió los portavoces de las dos organizaciones: El Vidrio (1917-1920) y La Colmena Obrera (1915-1920). Después de haber estado encarcelado entre diciembre de 1920 y noviembre de 1921, se hizo cargo de la secretaría del comité nacional de la CNT entre febrero a diciembre de 1922. Entonces vivía en el barrio de Sants, en Barcelona. En agosto de 1922 se trasladó a Mataró donde ya trabajaba en la empresa que pronto sería conocida como la Cooperativa del Forn del Vidre.
          Durante la Dictadura de Primo de Rivera estuvo en la carcel entre enero y septiembre de 1925 y nuevamente, en 1927. Fue secretario del comité nacional de la CNT en 1928 y ocupó el cargo hasta mayo de 1929, mientras el comité estuvo radicado clandestinamente en Mataró. Peiró se inscribió inicialmente en la FAI, fundada en 1927, pero no militó en ella y luego combatió el ansia de predominio de esa organización en la CNT. En los últimos tiempos de la Dictadura funcionaron comités conjuntos CNT-FAI. Un pleno clandestino de la CNT aceptó un entendimiento con la abortada conspiración encabezada por el ex-ministro dinástico conservador Sánchez Guerra a principios de 1929. La conspiración la coordinaba en Cataluña Lluís Companys.
          Después de la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, la CNT volvió a la legalidad y Peiró firmó en marzo el manifiesto de inteligencia republicana, documento promovido por L'Opinió. Luego decidió retirar su firma a raiz de la polémica que se desató en los medios anarcosindicalistas. En mayo de 1930 Joan Peiró fue elegido director del diario Solidaridad Obrera, el diario barcelonés de la CNT, reaparecido en agosto. Desempeñó el cargo hasta septiembre de 1931.
          En agosto de 1931, cuatro meses después de la proclamación de la República, Peiró fue uno de los treinta firmantes del manifiesto que se oponía al insurreccionalismo anarquista y a la voluntad de dominio de la FAI sobre la CNT. En diciembre de 1932 formó parte del grupo fundador de la Federación Sindicalista Libertaria, que quería orientar los sindicatos separados de la CNT. No obstante, Peiró y la mayoría del grupo no siguieron a Angel Pestaña en la fundación del Partido Sindicalista en febrero de 1933. No volvió a la CNT hasta agosto de 1936. Peiró pasaba a dirigir la cooperativa del Forn del Vidre de Mataró en 1934 y el presidente de la junta era Salvador Cruxent, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya y alcalde de Mataró, cargo del que fue destituido a raiz de la adhesión a la revuelta del seis de octubre de 1934, siendo restablecido en marzo de 1936, tras la victoria del Front d'Esquerres de Catalunya y del Frente Popular en España.
          En 1935 Peiró formuló unas condiciones mínimas para la reunificación de la CNT en Cataluña y en el País Valenciano, pero el control de la negociación escapó a los compañeros de Peiró al oponerse las federaciones de Sabadell y de Manresa al reingreso en la CNT y al retornar a ella sin condiciones los sindicatos escindidos de Valencia en marzo de 1936.
          Al estallar la guerra civil fue uno de los dos vicepresidentes del comité de salud pública creado en Mataró bajo la presidencia del alcalde Salvador Cruxent. Dejó el comité el 13 de agosto de 1936 y escribió una serie de artículos, que en noviembre de aquel año fueron publicados como libro con el título Perill a la reraguarda. Peiró denunciaba la represión ciega e indiscriminada y la rapiña que practicaban impunemente los grupos incontrolados que deshonraban a la revolución.
          El 4 de noviembre de 1936 era nombrado, a propuesta del comité nacional de la CNT, ministro de industria del gobierno que había formado en septiembre el socialista Francisco Largo Caballero, junto con otros tres ministros anarcosindicalistas: Joan García Oliver, Federica Montseny y Juan López. Eran, por tanto, dos anarquistas y dos treintistas, los representantes de la CNT-FAI en el gobierno. Peiró marchó a Madrid y enseguida a Valencia.
          Después de los enfrentamientos violentos de Barcelona de mayo de 1937, los cuatro ministros anarcosindicalistas acabaron dimitiendo y Peiró explicó su gestión ministerial en una conferencia, publicada en folleto con el título De la fábrica de vidrio de Mataró al Ministerio de Industria. El 23 agosto de 1937 pasó a dirigir Catalunya, el diario vespertino del comité regional de la CNT, que había empezado a aparecer en febrero de aquel año y fue el primer diario de la sindical en lengua catalana. Defendió el autonomismo catalán, criticó al PSUC y a los comunistas españoles y pidió la vuelta de los anarquistas al gobierno de la República.
          En abril de 1938 la CNT volvió a estar representada en el gobierno de Juan Negrín, residente en Barcelona, por medio del asturiano Segundo Blanco como ministro de instrucción pública. Y entonces Peiró aceptó ser nombrado comisario general de energía eléctrica. Por entonces había dejado la dirección de Catalunya, que fue sustituida el 28 de mayo de 1938 por CNT, portavoz del comité nacional de la CNT, trasladado a Barcelona. Un año escaso había durado la existencia del diario cenetista en lengua catalana.
          Pero Peiró no dejó su producción escrita, iniciando una revisión del anarcosindicalismo a la luz de la experiencia de la guerra civil y de la revolución. Algunos de sus artículos no pasaron la censura. Una compilación de sus escritos de 1937 y 1938 debía publicarse en enero de 1939 con el título Problemas y cintarazos, pero la ocupación de toda Cataluña por las tropas de los nacionales, lo impidió. Sería publicada en Rennes en 1946. El 5 de febrero de 1939 pasó la frontera por el Pertús con su hijo Josep, habiendo perdido contacto con su mujer y sus hijas, que habían pasado a Francia poco antes.

Exilio en Francia. Caída en manos de los alemanes
          Peiró estuvo detenido cinco días en El Voló. Después de estar en Perpinyà hasta el 3 de mayo, se instaló en Narbona con su mujer y sus hijos. A partir de este punto contamos con dos fuentes inéditas que utilizaremos principalmente: el expediente de Peiró del archivo central de la Dirección General de Seguridad, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, y el sumarísimo 1156-V del tribunal militar de Valencia, que se me ha permitido consultar en el juzgado togado militar de Barcelona. Ambos documentos son complementarios. El de Valencia no está en buen estado porque sufrió los efectos de la inundación de 1957, pero resulta legible en su mayor parte. Los amigos de Peiró y sus descendientes daban por desaparecido el sumarísimo pero se ha conservado. Complementario de estos documentos es el testimonio del defensor militar de Peiró, que envió su relato doce años después, desde Caracas, al hijo de Peiró, Josep, quien lo publicó en 1978, sin olvidar otra fuente: las páginas que dedicó Joan Manent i Pesas, en sus memorias, al final de su amigo Joan Peiró.
          Según la primera declaración de Peiró en Madrid el 25 de febrero de 1941, vivió las primeras semanas en Francia de la venta "de unos objetos de su exclusiva propiedad" y después de un préstamo de diez mil francos que le facilitó Etien Barel, alto empleado de la casa Des Lampes, residente en París. Durante dos meses recibió 2.500 francos del SERE, auxilio "que le fue retirado -según Peiró- por imposición del Partido Comunista".
          Peiró se trasladó luego a París para representar a la CNT en la JARE (Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles), que se formó en competencia con el SERE, creado por Juan Negrín, y que se diferenciaba del SERE por no tener representación comunista. Presidía la JARE Lluís Nicolau d'Olwer, del partido Acció Catalana y gobernador del Banco de España durante la guerra civil. A partir de su incorporación a la JARE, Peiró contó con la ayuda de este organismo y se dedicó a sacar de los campos de concentración a los refugidos de la CNT y a darles ayuda. La JARE tuvo menos recursos que el SERE pero fue más eficaz y fue reconocida igual que ésta por el gobierno de Méjico. El hombre de la JARE allí era Indalecio Prieto.
          Ante el avance alemán en la primavera de 1940 la JARE fletó un avión para trasladar a América un último contingente, pero Peiró decidió quedarse en Francia, quizás para no dejar sin su auxilio a su mujer y a sus hijas que seguían en Narbona. No fue el único de la JARE que no se marchó de Francia. Nicolau d'Olwer se fue a Burdeos y luego a Vichy, donde fue detenido y encarcelado hasta 1941, después de confiscarle su bienes y los de la JARE. El periodista Cruz Salido, responsable de la oficina de prensa de la JARE, tampoco se marchó a América. Fue detenido por los alemanes, entregado a Franco y fusilado.
          La delegación de la JARE en Méjico continuó enviando dinero a Francia a nombre del embajador de Méjico en Vichy, que trató de seguir fletando barcos para trasladar refugiados españoles a América. Además el 22 de agosto de 1940 se firmó un acuerdo entre l0s gobiernos mejicano y francés, en el cual Méjico se declaraba dispuesto a acoger 120.000 refugiados españoles. El acuerdo contenía un artículo en el cual el régimen de Vichy se comprometía a "respetar la libertad y la existencia de todas las personas que buscaren asilo en territorio francés, quedando limitada cualquier medida de extradición exclusivamente a los crímenes y delitos de derecho común, no conexos a otros crímenes y delitos de naturaleza política". En virtud de este acuerdo y de la presión tanto de diversos gobiernos sudamericanos como de Estados Unidos, el régimen de Vichy, a pesar de su hostilidad hacia los refugiados españoles y de su deseo de complacer al general Franco, no concedió ninguna de las demandas de extradición que le presentaron las autoridades españolas.
          En la desbandada ante el avance alemán, Peiró y sus hijos, que se habían ganado hasta entonces la vida trabajando en la industria del vidrio, marcharon de París a pie en dirección a Narbona pero se encontraron con los puentes del Loire cortados y fueron detenidos por las tropas alemanas y recluidos en Sens-Yonne. Sin ser identificados, se les dejó volver a París.
          Una nota informativa no comprobada, enviada a la Dirección General de Seguridad desde la Francia ocupada, consideraba el 3 de octubre de 1940 que Peiró había logrado entrar en la zona del gobierno de Vichy. El 31 de octubre de 1940 la policía de París le envió una orden de expulsión por la que debía abandonar Francia antes del 2 de diciembre. Era una manera desagradable de evitar su caída en manos de la Gestapo y su entrega a Franco, como había pasado con Lluís Companys, que quince días antes había sido fusilado en Barcelona, tras ser detenido en la zona francesa ocupada el 13 de agosto. Si Peiró lograba pasar a la zona no ocupada, podría acogerse al convenio franco-mejicano y marchar a América con los suyos. Pero lo había de hacer sin permiso. En Romorantin, su amigo y ex-secretario, el cenetista Joan Manent tenía montado un servicio de ayuda al paso del rio Cher. Peiró y su yerno Niabel lograron pasar el 16 de noviembre. Llevaban dieciocho horas en la zona de Vichy cuando fueron detenidos por la gendarmeria en Chablis, al ir a tomar el tren para llegar a Narbona. La gendarmería francesa los entregó a los alemanes y éstos los encerraron en Vierzon. Condenados a tres semanas de arresto por haber pasado la línea sin permiso, fueron retenidos cuando debían salir de la prisión, y trasladados a Tréveris el 13 de diciembre después de ser identificados. Se les dijo que estaban a disposición de las autoridades consulares españolas, que fueron informadas.
          En aquella situación tan angustiosa, Peiró, a las tres semanas de estar detenidos él y su yerno, escribió al consul general de España en Berlín una carta donde le pedía que le informara de su situación. "Por nuestra parte -decía Peiró- imposibilitados, al parecer, de ir a América, deseamos ser empleados en Alemania en los trabajos de nuestra profesión, en cuyo caso favorable nos sería facilitada la manera de reunirnos con nuestros familiares, de los que llevamos separados en plazo de diecisiete meses, aparte de que se nos daría ocasión de ser útiles a Alemania".
          Las autoridades alemanas hicieron caso de la carta de Peiró en relación a su yerno, Niabel Belis Miralles, que el 11 de febrero fue llevado a trabajar en una empresa metalúrgica alemana. Pero no hicieron lo mismo con Peiró, quien, ante la posibilidad de su entrega a las autoridades franquistas, en su carta al cónsul español, que habían de transmitir y leer los alemanes, trataba de no mostrar temor: "Inútil es que le diga a Vd., Sr. Cónsul, que, prisión por prisión, preferimos ser conducidos a España, en donde, en verdadera justicia, nada tenemos que temer".
          El 16 de enero de 1941 el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaba a la Dirección general de Seguridad que Peiró estaba en manos de las autoridades alemanas y que pronto sería entregado. El 27 del mismo mes se trasmitía a Berlín la petición de extradición por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ocupaba entonces Ramón Serrano Suñer. Entre tanto el director general de seguridad pedía el 19 de enero a la policía de Barcelona los antecedentes de Peiró y poco después recibía un informe fechado el 20 de enero, que se enviaba el día 27 al fiscal de la Causa general. Ese informe resulta pobre en datos y muy parcial, como la gran mayoría de ese tipo de documentos.
          Según la policía de Barcelona, Peiró había trabajado "por la organización de sindicatos ácratas, coaccionando siempre que pudo a los obreros, para que éstos ingresaran en ellos, mostrándose en toda ocasión como agitador profesional de cuidado ". Se aportaba el dato de que había sido detenido ya diez y seis veces antes de 1924. Se le acusaba de aprovechar el "Glorioso Movimiento Nacional" para erigirse en director del horno de vidrio en que trabajaba, ignorando que era una cooperativa y que por lo tanto no había sido colectivizada.
          También se le presentaba como presidente del comité revolucionario de Mataró "siendo en esta localidad el responsable máximo y principal de cuantos asesinatos se cometieron hasta mayo de 1937, ya que los ejecutores materiales de los crímenes no eran más que simples agentes de la autoridad emanada del referido Peiró". Supusieron algunos que el haber sido el informado escisionista de la C.N.T., por pasarse al grupo de Angel Pestaña, sería más moderado en sus procedimientos de rebeldía, pero no fue así, pues en la práctica demostró mayor ensañamiento que los más fanáticos de la F.A.I.". Pronto habrían los mismos policías de rectificar a la vista de unos testigos que no habían buscado la primera vez, pero, de momento, Peiró cargaba con todo aquello.
          El 17 de febrero de 1941 Peiró salía de Alemania con otros cuatro presos españoles para ser entregado en Irún el día 19 a las autoridades españolas. No fue Peiró el único que entregaron los alemanes a las autoridades españolas sin el preceptivo juicio previo en territorio francés antes de la extradición, por lo que ni de extradición se podría hablar sino de simple entrega sin trámite legal previo. A los casos de Companys y de Cruz Salido, ya citados, cabe añadir el de Julián Zugazagoitia, socialista bilbaíno, ministro de Gobernación en el primer gobierno Negrín entre mayo de 1937 y abril de 1938 y, a continuación, secretario general de defensa de Negrín hasta el fin de la guerra. Fue fusilado en Madrid en octubre de 1940. También fueron entregados por los alemanes desde la zona ocupada de Francia los cenetistas Espartacus Puig, de Terrrassa, y Marià Prat, de Manresa.

Peiró en España
          El día 20 de febrero de 1941 Peiró ingresaba en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, donde permaneció hasta el 8 de abril. José Peiró dice que su padre fue objeto de malos tratos, llegando a Valencia sin algunos dientes. Y eso a pesar de que, según Joan Manent, el conde de Mayalde, entonces director general de seguridad y luego alcalde de Madrid, explicaba años más tarde que había conversado varias veces con Peiró en aquella ocasión y le había impresionado positivamente, como un hombre honrado.
          De la primera declaración hecha por Peiró en Madrid el 25 de febrero de 1941 se deduce que las preguntas de los interrogatorios se centraban en el traslado del oro de la República y en los depósitos que podían controlar sus antiguos ministros, así como en las relaciones del preso con los comunistas. No se le daba todavía a Peiró la ocasión de citar los posibles testigos favorables.
          Joan Peiró respondió que en los consejos de ministros a los que había asistido no se había hablado del destino que se estaba dando al oro del Banco de España, "pues Negrín como Ministro de Hacienda, no daba cuenta a nadie, y hacía con las finanzas lo que le parecía, llegando incluso a no dar cantidad alguna, durante tres meses, para pagar al Ejército Rojo, y en cuanto Largo Caballero intentó pedirle cuentas, provocó la crisis en la que éste dejó de ser Jefe de Gobierno". En cuanto a las relaciones con los comunistas, Peiró declaraba que "han sido siempre a matar".
          Peiró pronunciaba entonces su primera exculpación. Decía de él mismo: "Al iniciarse el Movimiento combatió de palabra y por escrito la actuación de las Brigadas de Control, por lo que fue amenazado de muerte, fundándose ésta no sólo en esta campaña, sino en que se había presentado en diferentes Consejos de los Tribunales Revolucionarios para deponer en favor de elementos militares y civiles". En su declaración Peiró cargaba sobre los comunistas sus males, "pues no otra razón ha debido ser la que ha originado el que le dejaran en el mayor desamparo". No parece que la policía española estuviese al corriente de la participación de Peiró en la JARE.
          Fue en una segunda declaración prestada en Madrid, donde Peiró dió la primera lista de personas en peligro de muerte a las que había ayudado durante la guerra. El 7 de marzo de 1941 el director general de seguridad ordenaba al jefe superior de policía de Barcelona que se comprobara la veracidad de aquellos datos y 17 de marzo, en un extenso informe de más de cuatro folios, la policía de Barcelona confirmaba casi todos los hechos aportados por Peiró, excepto cuando se encontraba ausente la persona citada y cuando se trataba de individuos salvados por Peiró en las provincias de Alicante y Valencia durante su período de ministro de industria.
          Decía este informe de la policía: "Todos los individuos interrogados han coincidido en asegurar que es verdad que Peiró hizo campañas en sus escritos contra los asesinatos y desmanes que se realizaron, aunque siempre defendiendo sus ideales anarquistas, siendo prueba de ello los artículos que figuran en el periódico Libertad y en el libro Peligro en la retaguardia". No obstante, el delegado de información de FET y de las JONS de Mataró, persistía en la información adversa. Al lado datos ciertos como que Peiró se había afiliado a la FAI con el carnet número 59 -aunque no añadía que después había combatido a aquella organización-, continuaba considerando a Peiró culpable de los desmanes ocurridos en Mataró durante la guerra, "entre los que se encuentra -decía- el asesinato del P. Prior, pues cree que si hubiera querido le hubiera salvado". Lo acusaba también de haber incautado la vivienda de Antonio Carrau y de haberse marchado en la retirada con la ropa y los muebles de la casa, lo que Peiró rebatiría después. Pero hasta el delegado de información de FET y de las JONS de Mataró reconocía que "Peiró fue el menos malo de los que allí estuvieron".
          A pesar de todo, la situación de Peiró no era mejor que antes. Una orden de 25 de enero de 1940 había creado unas comisiones provinciales de examen de penas dictadas por los tribunales militares -unas comisiones, que, por cierto, no actuaron en el caso de la sentencia contra Peiró- y se establecían unas normas según las cuales no procedía presentar propuestas de conmutación de la pena de muerte prevista en el artículo 238 del código de justicia militar, en los casos de los miembros de checas que habían realizado penas de muerte, de ministros, diputados, altas autoridades y gobernadores civiles rojos sentenciados por rebelión.
          Peiró estaba comprendido en el segundo punto de la larga lista de casos -17- en los que no cabía pedir ni esperar conmutación de la pena capital. Los consejos de guerra en estas condiciones parecían una formalidad de trámite con desenlace prefijado, aunque, como se verá, se pronunciaron en la práctica algunas conmutaciones, a pesar de todo.
          Resulta inevitable plantearse la cuestión de la tardanza en poner en marcha el proceso de Peiró. Hasta el 31 de diciembre de 1941 no se abrió el período sumarial del consejo de guerra, el fiscal no formuló sus conclusiones hasta el 11 de mayo de 1942, el defensor militar de oficio fue nombrado el 3 de junio y hasta el 21 de julio de 1942 se pronució la sentencia. Por lo tanto se tardó casi un año en iniciar el juicio militar y Peiró estuvo preso un año y medio, cuando lo corriente en casos de importancia semejante era un periodo de dos meses entre la entrega por la Gestapo y la sentencia. Fue esa tardanza en el procedimiento lo que alimentó alguna esperanza en el caso de Peiró. Volveremos sobre el tema.
          El 9 de abril de 1941 pasó el acusado al gobierno civil de Valencia. No hay rastro de un supuesto paso de Peiró por Barcelona, que es altamente improbable. En el gobierno civil de Valencia -entonces Valencia del Cid-, ante el inspector jefe de la sección de investigación y vigilancia Manuel Comache Novella y el agente Agustín Ramos Ripoll, Peiró realizó una nueva declaración. Después de resumir su vida, respondió a algunos de los cargos derivados de las informaciones que se habían realizado en Barcelona.
          Dejó claro que no se había apoderado de la dirección del Forn del Vidre de Mataró, porque era una empresa cooperativa y la venía dirigiendo desde 1931 por delegación de sus compañeros. En cuanto a sus declaraciones cuando era ministro, recordaba haber participado en un acto público en la plaza de toros de Valencia junto con otros dirigentes de la CNT como Cano Ruiz y el presidente de la regional valenciana Monllor. También había hablado en el Teatro Principal dos veces y había participado con un discurso, el primero de mayo de 1937, en un acto con el secretario del comité de la CNT Rodríguez Vázquez, muerto en Francia, con la ministra anarquista Federica Montseny y con ugestistas como Carlos Rubiera, diputado, y el subsecretario de guerra Baraibar.
          Además de haber sido ministro de industria y director de Catalunya, reconocía haber sido luego comisario general de electricidad por el ministerio de defensa, en Barcelona, ciudad donde había pronunciado conferencias en 1938 en el Ateneo Barcelonés y en locales sindicales. A la pregunta de si había escrito algunos artículos que le citaban los policías, respondió recordar que había publicado "Cristo entre dos ladrones", recogido más tarde en un libro (Perill a la reraguarda).
          Respecto a las acusaciones de haberse beneficiado de incautaciones, Peiró dijo haber vivido en Valencia en un palacio requisado por el sindicato metalúrgico, sin muebles, que se hubieron de adquirir, y donde estaba su despacho de ministro. Cuando dejó el cargo retiró únicamente unos colchones de su propiedad. Negaba haber participado en incautaciones en Masnou y Llavaneres. Explicaba que, al ir a vivir a Valencia, perdió su vivienda en Mataró y retiró sus muebles dejándolos en casa de su hija, y que cuando él volvió, se le adjudicó una casa en la calle San José, que estaba todavía amueblada y no sólo dejó todos los muebles y enseres del propietario de la casa, Carrau, sino hasta los suyos privados, al exiliarse.
          Dijo también que nunca había formado parte de los grupos de la FAI, que tampoco había formado parte de secta alguna y que había rechazado entrar en la masonería, después de una visita a una logia en la calle Aviñó de Barcelona, a la que le habían llevado "un tal Salva" y Martí Barrera, ex-consejero de trabajo la Generalitat y vinculado antiguamente a la CNT. Peiró finalizaba reconociendo que se le habían seguido hasta veinticuatro procesos por delitos de imprenta y que había estado detenido gubernativamente por causa de huelgas "infinidad de veces, cuyo número no puede recordar".
          El 29 de mayo de 1941 tuvo lugar el ingreso de Peiró en la cárcel de Valencia, según telegrama enviado por el director de la prisión a Madrid.

Las declaraciones en favor del acusado
          Se pueden agrupar a los declarantes en favor de Peiró en tres grupos por su profesión y condición social. Un primer grupo se compone de militares de la guarnición de Mataró y alguno más, que ya no pertenecía a aquella y residía en Barcelona. Un segundo grupo es el de los clérigos relacionados con la población de Mataró. Peiró no había mencionado ninguno en su declaración exculpatoria. Un tercer grupo estaría formado por jueces y personal relacionado con ellos. En este grupo se incluiría a Francisco Ruiz Jarabo, más tarde ministro. En cuarto lugar estarían núcleos de empresarios y hombres de derecha de Barcelona y sus alrededores junto con algunos que habían detenidos en el País Valenciano cuando Peiró fue ministro. En quinto lugar hay que mencionar el testimonio favorable de un falangista "camisa vieja", que prestaba su testimonio político ya que no había recibido durante la guerra el favor personal de Peiró: Luís Gutierrez Santa Marina.
          Otra clasificación que también resultaría significativa sería la agrupación de las personas defendidas por Peiró en los meses anteriores a ser nombrado ministro, durante su permanencia en ese cargo, y después de dejarlo. Hay casos en que en los que la ayuda de Peiró se hizo más eficaz cuando adquirió la autoridad e influencia que le daba ser ministro, aunque alguno resultó gravemente perjudicado en Barcelona por la ausencia de Peiró. Aquí se ha optado por la clasificación por grupos socio-profesionales, aunque sin olvidar la secuencia temporal.
          Conviene advertir que la primera lista dada por Peiró de testimonios de descargo se amplió considerablemente más tarde y que todos los mencionados por Peiró confirmaron que el acusado les había ayudado decisivamente. Francesc Belis, primo de Joan Peiró, y el director de la cooperativa del Forn del Vidre de Mataró, Andreu Serra Vicens, se movilizaron completando y ampliando recuerdos, localizando personas y pidiéndoles que testificasen por escrito en declaraciones certificadas, con lo que ayudaron mucho la labor del defensor militar, que mostró una receptividad y una voluntad de actuar poco habituales en aquel tiempo y en aquella situación.
          Por todo ello el sumarísimo 1156 -V- 1941 resulta excepcional por la cantidad y calidad de los testigos de descargo y la falta de testigos de cargo. Muy pocos ex-ministros de la República, y menos un anarcosindicalista, consiguió tanto reconocimiento de militares inculpados en la rebelión del 19 de julio de 1936, de falangistas y de gente de derechas. Pocos expedientes son tan voluminosos. Puede compararse con la soledad de Lluís Companys, cuyo consejo de guerra es hoy bien conocido.
          Hay que valorar lo que significaba testificar entre 1941 y 1942 a favor de un antiguo dirigente de la CNT y ministro de la República. La Alemania nazi era todavía una potencia invicta con el apoyo de la Italia fascista y con el refuerzo de la expansión militar del Japón, iniciada en diciembre de 1941 en el Pacífico y todavia en apariencia incontestable. Si bien la entrada en guerra de los Estados Unidos ofrecía esperanzas a los antifascistas, la contraofensiva inglesa desde Egipto no empezaría hasta octubre de 1942 y la rusa en Stalingrado no empezaría hasta noviembre, el mismo mes en que tendría lugar el desembarco anglo-norteamericano en Marruecos.
          En ese contexto internacional la dictadura franquista parecía inconmovible y testificar en favor de un rojo de la categoría de Peiró, era algo que no beneficiaba a los que se atrevieran a hacerlo. Se consideraba un gesto contrario a la colaboración debida al régimen después de una guerra civil demasiado próxima, y además parecía un acto inútil para el reo por la razón de que era un ex-ministro de la República.
          Se ha hecho mención antes a la tardanza en poner en marcha el proceso y ello parece confirmar la versión de que se ofreció a Peiró la salvación si aceptaba colaborar con el nacionasindicalismo. El testimonio del defensor Luís Serrano, recogido por Josep Peiró, no dice nada al respecto, pero resulta normal ya que se hizo cargo del caso cinco meses después del ingreso de Peiró en la cárcel de Valencia. El primero que habló de los ofrecimientos que se hicieron a Peiró fue Pere Foix en su libro Apòstols i mercaders, publicado en Méjico en 1957. Joan Manent concretó la cuestión en sus memorias. Según Manent, el primero que sugirió la posibilidad de colaboración a Peiró fue su antiguo compañero treintista Ricard Fornells. En 1941 Fornells y un centenar de militantes cenetistas exiliados, que se encontraban en los campos de concentración franceses, habían vuelto a España con la condición de colaborar con los sindicatos verticales. Según Manent, Peiró rechazó indignado la propuesta de Fornells, quien más tarde sería detenido en Barcelona y moriría, aislado, en Sabadell, tras salir de la prisión. Según Manent, después de la gestión fallida de Fornells, fue el falangista barcelonés Juan Gil Senís quien ofreció ayuda a Peiró, que volvió a rechazar cualquier colaboración. Manent cita una carta de Peiró del 27 de noviembre de 1941 donde explicaba su negativa. Finalmente fue Luís Gutierrez Santa Marina quien fue a Valencia y visitó a Peiró, pero éste volvió a negar cualquier tipo de colaboración a cambio de salvarle la vida.

La intervención del falangista Santa Marina
          Aunque de todas esas gestiones puramente verbales no exista prueba documental, la declaración escrita de Santa Marina en el sumario, fechada el 1 de julio de 1942, no deja lugar a dudas de la defensa de Peiró por el dirigente falangista de Barcelona, también relatada por el defensor, el alférez Serrano, y reproducida por Josep Peiró en su libro. El literato Gutierrez Santa Marina, que firmaba Luys Santa Marina, era un santanderino afincado en Barcelona desde 1927. Unico jefe superviviente del falangismo barcelonés de preguerra, se salvó de dos condenas a muerte por conmutaciones que resultan sorprendentes en aquel contexto y dada su categoría política. Salvado gracias a la intercesión de algunos escritores catalanistas y quizás a la espera de un posible canje, Santa Marina ayudaría más tarde a algunos escritores condenados como Agustí Esclasans y eso explicaría que al entierro de Santa Marina acudiesen personas de cierto relieve en la vida cultural barcelonesa, cuya presencia en aquel acto resultó chocante.
          Santa Marina fue director de Solidaridad Nacional durante veinticuatro años. El diario del régimen utilizaba la maquinaria y el local que había tenido Solidaridad Obrera en un edificio propiedad de la parroquia de Sant Josep Oriol. Se decía que había sacado de la cárcel a antiguos cenetistas que habían trabajado en la imprenta del diario para volver a emplearlos allí. Al lado de falangistas forasteros y de ex-lerrouxistas locales, en la redacción de Solidaridad Nacional había uno que había trabajado para el diario de Pestaña, Mañana, entre 1937 y 1938 y unos pocos de la prensa catalanista de preguerra.
          Santa Marina avaló que Peiró había sido enemigo de los excesos de los incontrolados y que había protegido a personas perseguidas. Su delaración tenía la autoridad de proceder de un consejero nacional del partido único, inspector provincial de FET y de las JONS, director del diario Solidaridad Nacional, y presidente del Ateneo Barcelonés hasta 1952. Pero no pudiendo alegar que Peiró hubiese intervenido en su propia salvación, como los demás testigos de descargo, la declaración de Santa Marina era de claro color político. Por eso dijo que había sido testigo de los contactos promovidos en 1934 por José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda con Angel Pestaña "de cara a fusionar el Partido Sindicalista con Falange Española, cuyas conversaciones y proyectos de fusión fracasaron por incompetencia, ambición e intransigencia manifiesta de Angel Pestaña contra el deseo y voluntad de sus correligionarios Peiró, Fornells y Sánchez Requena".
          Dada la censura con que Peiró reaccionó ante la fundación del Partido Sindicalista por Pestaña, resulta inverosímil que Peiró participase en esas negociaciones y menos todavía que tuviese una posición favorable a la fusión con la Falange. Santa Marina trataba de insinuar una predisposición de Peiró en el pasado -y por lo tanto en el futuro- a una posible colaboración con el nacionalsindicalismo. Eso no quita que la fama de honesto y de moderado de Joan Peiró, reforzada por las abundantes declaraciones de otros testimonios, influyese también en el ánimo de Santa Marina. Compareció en el acto del juicio ante el tribunal militar, pero lo decisivo es su declaración certificada formulada poco antes de la consumación del proceso. Según Luís Serrano, se presentó con camisa azul y todas sus condecoraciones y tuvo un diálogo tenso con el presidente del tribunal, el coronel Loygorri.
          Guardaría relación con esa posición de Santa Marina la intervención de Serrano Suñer, que no consta naturalmente en la documentación. Según Joan Manent, Serrano Suñer telefoneó, a petición de Francesc Belis y de Andreu Serra, al capitán general de Valencia, general Alvarez Arenas, para decirle que se acababa de presentar un recurso de revisión al Consejo Supremo de Guerra y Marina y le pedía que suspendiese la ejecución de la sentencia hasta que se resolviese el recurso. Alvarez Arenas le respondió que no obedecía órdenes más que del ministro de la guerra y de Franco. Mathieu Séguéla da por cierto que existió una intercesión de Serrano Suñer a favor de Peiró pero no cita fuente alguna. Tampoco hay ninguna mención al hecho en la última edición de las memorias de Ramon Serrano Suñer, ni en la española de 1977 ni en la francesa de 1984. Como ministro de asuntos exteriores que presionaba al gobierno de Petain en el tema de las extradiciones de rojos españoles, y que había pedido la entrega de Peiró a los alemanes, la posición de Serrano Suñer, quizás finalmente influida por Santa Marina, no era coherente ni sólida en el caso de que hubiese tratado de ejercer efectivamente su influencia en el caso.

Los militares que declararon en favor de Peiró
          El primer grupo a considerar es el de los militares que declararon por escrito a favor de Joan Peiró. El regimiento de artillería ligera de Mataró había salido a las ocho de la mañana del 19 de julio de 1936 a la calle y había ocupado el ayuntamiento, correos y telégrafos y los puntos céntricos de la población emplazando algunas piezas, aunque sin disparar. No halló resistencia por parte de la Guardia Civil que fue llamada a Barcelona y marchó a media mañana de Mataró. Por la tarde la tropa empezó a ser increpada por paisanos, pero no disparó y al atardecer, a las ocho, tras oír el mensaje radiado de la rendición del general Goded, los soldados se retiraron al cuartel y los oficiales se entregaron.
          A pesar de haberse comportado igual que la guarnición de Girona, el castigo dictado contra la guarnición de Mataró fue mucho más severo. En el juicio del primer grupo de oficiales de Mataró en el barco Uruguay el 26 de octubre de 1936, compareció Peiró con el alcalde Cruxent como testigos de descargo, lo que le valdría a Peiró, según declaró éste, una severa advertencia del jefe de las patrullas de control llamado Portela.
          En una ciudad pequeña como Mataró la relación de la guarnición con los habitantes autóctonos era mayor que en una gran ciudad e inducía a pedir clemencia por ellos. Según dijo a la policía la esposa de uno de los salvados de la muerte, el comandante Carlos Sánchez García, ella era cuñada del alcalde Cruxent, que intercedió por los militares condenados.
          El 27 de octubre de 1936 el diario Llibertat, donde Peiró tenía gran influencia, publicó la petición de conmutación de la pena de muerte dictada contra casi todos los primeros oficiales juzgados. Encabezaba la petición de clemencia Salvador Cruxent, seguido por otros veinte, entre los que figuraban Peiró, el treintista Josep Abril y el cenetista Lluís Pedemonte, además de gente de todas las organizaciones. El PSUC destituyó a dos delegados suyos en el nuevo consejo municipal -Joaquim Casas y Pascual Carniago- por haber pedido el indulto. El POUM publicó tambien una nota de repulsa. El 4 de noviembre de 1936 ocho de los oficiales y jefes de Mataró condenados a muerte, fueron fusilados en Montjuïc, pero no se efectuaron más ejecuciones de este grupo y el presidente de la Generalitat conmutó algunas penas de muerte por cadena perpetua.
          De los cuatro militares de la guarnición de Mataró el 19 de julio de 1936, que Peiró contribuyó a salvar, fueron dos los que enviaron declaración jurada en favor del dirigente cenetista al juez instructor de Valencia: el comandante Enrique Aguado y el teniente de complemento Máximo Gutierrez. Reforzó con su testimonio la realidad de la intervención de Peiró en el juicio de los militares de Mataró en el barco Uruguay, el capitán de artillería Julián Buy Gonzalvo, que se encontraba allí procesado.
          El coronel de artillería Francisco Serra Castells había sido jefe de la guarnición de Mataró en 1931 cuando la proclamación de la República y por ello le conocía Peiró. En 1936 mandaba el regimiento de artillería de montaña del cuartel de la avenida Icaria, en Barcelona. Había pasado el 18 de julio en Montjuïc donde instruía una causa contra un capitán y dos tenientes. Prohibió que saliese ninguna batería a la calle, pero cuando se presentó en el cuartel al día siguiente, ya habían salido. El tribunal popular especial le absolvió el 7 de septiembre de 1936 mientras condenaba a muerte al resto de la oficialidad del regimiento. Peiró declaró en favor del coronel Serra, según dijo en su segunda declaración en Madrid y esto fue confirmado por el escrito del comandante Enrique Aguado. No consta declaración jurada del coronel Serra, pero el defensor, en su relato, explica que fue a verlo a Barcelona y que "lloraba de emoción, contándome como le salvó la vida" Peiró. Serra, que estaba ya jubilado, se ofreció a hacer todo lo que conviniese.
          El comandante Enrique Aguado Cabeza, había sido juez militar en Barcelona hasta poco antes del juicio contra Peiró, a quien conocía por haberlo juzgado en un delito de imprenta en 1931. Pertenecía a la guarnición de Barcelona el 19 de julio de 1936 y fue encarcelado. La policía de Barcelona, en la comprobación de la declaración de Peiró en Madrid, confirmó que Aguado se consideraba salvado por aquel y le llamaba "su segundo padre". El 15 de enero de 1941 declaró ante el juez militar de Mataró y dijo que Peiró, cuando era ministro, había conseguido el sobreseimiento de la causa contra él y le buscó alojamiento en Mataró hasta el fin de la guerra.
          Aguado confirmó que Peiró había intercedido eficazmente por los militares de Mataró y que todo lo había hecho "de manera leal y desinteresada". Hay que tener en cuenta que existía la sospecha fundada que habían cobrado dinero por los favores concedidos algunos dirigentes de la España republicana durante la guerra.
          Del comandante Francisco Alvarez Buhilla, de la guarnición de Mataró, a quien Peiró declaró haber salvado de la pena de muerte, no consta declaración, aunque el comandante Aguado confirmó el dato. Tampoco consta declaración ni confirmación del comandante Carranza, citado por Peiró, de quien la policía de Barcelona decía el 29 de marzo de 1941 que mandaba un regimiento en Alicante. La mujer del comandante Carlos Sánchez García, que vivía en Mataró, confirmó que su esposo, que formaba parte del regimiento de Mataró el 19 de julio de 1936, había sido condenado a muerte pero se había logrado, con la ayuda de Peiró, la conmutación por treinta años de prisión. Sánchez García prestaba servicio en Marruecos en 1941 y no envió escrito en favor del acusado.
          Peiró dijo en su segunda declaración en Madrid que también había salvado a la esposa de aquel militar cuando fue detenida por el SIM acusada de trabajar para el Socorro Blanco. Se observan reticencias por parte de ella en la información aportada a la policía, con cierta tendencia a reducir el papel de Peiró, a quien recurrió entonces y al que conocía por haber trabajado en la fábrica de su padre.
          En cambio sí prestó declaración jurada con fecha 23 de septiembre de 1941 en Mataró, el teniente de complemento Máximo Gutierrez Carvajal y confirmó que gracias a Peiró había salido de la cárcel seis meses después del juicio del barco Uruguay y que le siguió protegiendo después. En total fueron seis militares los que declararon a favor de Peiró y tres más que no llegaron a hacerlo.

Las intervenciones de dos clérigos
          Dos clérigos estuvieron dispuestos a prestar declaración a favor de Peiró explicando lo que le debían: el superior del colegio de los hermanos maristas de Mataró -Salvador Oller Angelats, en religión Hermano Doroteo- y el de los pasionistas de Tafalla, José Cruz Navarro. La de Salvador Oller, que continuaba como director del colegio marista de Mataró, está fechada el 27 de diciembre de 1941 y es de las más interesantes:

          "En agosto de 1936 fue detenido el declarante en la playa entre Mataró y Llavaneras por milicianos rojos y llevado a presencia del entonces Comité Antifascista. Que enterado del hecho Juan Peiró por amigos del declarante se interesó e interpuso toda su influencia en favor del declarante, logrando fuera puesto en libertad a las pocas horas de la detención, circunstancia a la que el declarante cree firmemente que debe la vida teniendo en cuenta que era en aquellos días cuando el furor contra los religiosos estaba más exacerbado y el que desgraciadamente era detenido difícilmente salvaba la vida. Es por esta circunstancia que el declarante estima en lo que vale la acción del referido Juan Peiró Belis".
          "Posteriormente el declarante fue detenido y llevado al barco prisión Cabo San Agustín y de allí al Convento de San Elías habilitado para cárcel, donde fueron asesinados cuarenta y cuatro de sus compañeros de religión ( ). De allí fue conducido juntamente con sesenta y tres maristas, a la Cárcel Modelo en situación apuradísima sin ropa para cambiarse y sin recursos de ninguna clase. En estas circunstancias los señores J. Serra y Emilio Saleta recurrieron de nuevo a Juan Peiró Belis logrando que se interesara por el caso y visitara al entonces Jefe Superior de Orden Público Aurelio Fernández, consiguiendo que se autorizara llevar a los maristas detenidos paquetes de ropa y alguna cantidad en metálico. Conseguido esto puso todo su empeño en salvar la vida y conseguir la libertad de los sesenta y tres maristas detenidos en la Cárcel Modelo y condenados a un juicio severísimo y tal empeño puso en el caso que logró del entonces Presidente de la Audiencia el aplazamiento de la vista, evitando con ello posibles condenas irreparables, consecuencia de este aplazamiento fue el sobreseimiento de la causa de los sesenta y tres hermanos y la libertad de los mismos después de trece meses de cárcel en la Modelo de Barcelona."

          El otro religioso que intervino en favor de Peiró fue el superior de los pasionistas, José Cruz Navarro. Su testimonio no consta escrito como el anterior pero, según el defensor de Peiró, se trasladó de Tafalla a Valencia días antes del juicio para interceder por el procesado ya que la congregación le debía la vida de algunos de sus miembros. Consiguió entrevistarse con el capitán general Alvarez Arenas y con el coronel Joaquín Loygorri, presidente del tribunal, pero no logró más que buenas palabras.
          Mataró conoció el terror represivo durante los primeros meses de la guerra civil como el resto de Cataluña, pero la capital de la comarca del Maresme registró la proporción más baja de muertes por este motivo -1'4 por mil de la población- dentro de la comarca. En el Maresme los asesinatos y ejecuciones representaron el 2'4 por mil de la población, una proporción muy próxima a la media de Cataluña, que fue del 2'9 por mil. El clero representó también aquí una altísima proporción de las personas asesinadas, pero Josep Sanabre, en su Martirologio de la Iglesia en la diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa de 1936-1939, libro publicado en 1943, señala que el arciprestazgo de Mataró presentaba la proporción más baja de sacerdotes seculares ejecutados -el 12 por ciento- en lugar del máximo de la diócesis que se dio en el arciprestazgo de Vilafranca del Penedès y fue del 40 %. En la ciudad de Barcelona la proporción fue del 18 % y la media del resto de la diócesis resultó del 23'5 %.
          Estas particularidades numéricas de Mataró inducen a relacionarlas con el claro predominio treintista, liderado por Peiró, en el sindicalismo matorenense.
          Peiró desaprobó la orden del 3 de septiembre de 1936 dada por el comité local de que los vecinos de Mataró dejasen en la calle imágenes, estampas y libros religiosos para ser quemados públicamente. El día 5 escribía en Llibertat: "La destrucción de la Iglesia es un hecho de justicia porque la Iglesia representa un poder político, cuya finalidad es la esclavización espiritual y social del pueblo. La persecución del sentimiento y de las creencias religiosas conculca un derecho inalienable, es un derecho parecido al que nosotros reivindicamos cuando se nos persigue por nuestros sentimientos políticos y sociales".
          El asesinato del párroco de Sant Josep de Mataró, Lluís Miquel Ticó, en el cementerio de Montcada el 20 de septiembre de 1936, después de ser descubierto en un piso de Barcelona, debió influir con otros hechos parecidos en el artículo más audaz de los publicados por Peiró en aquella época, "Perill a la retaguarda", aparecido el 24 del mismo mes: "El que se sea burgués o capitalista, no es una razón para que los revolucionarios lo persigan y lo exterminen. Tampoco lo es perseguir y exterminar curas y frailes por el solo hecho de serlo. Todavía menos es una razón el que los hombres de ideas de derechas o los que, sin serlo, votaron un día a las derechas, puedan ser asesinados como perros, de manera cobarde y criminal. Nuestra lucha es contra el fascismo, y todo el que no sea un fascista comprobado, sean las que sean sus ideas, para los antifascistas, para los verdaderos revolucionarios, ha de ser una persona sagrada".

Las declaraciones de personas relacionadas con la administración de justicia y de prisiones
          Pero volvamos a los testigos que han dejado por escrito su alegato en favor de Peiró. Existe un grupo de jueces y personal relacionado con la administración de justicia y de prisiones. En primer lugar el núcleo de Mataró. Pedro Ciges Pérez, que continuaba siendo juez de primera instancia del partido de Mataró, militante de FET y de las JONS cuando dió su declaración por escrito el 23 de septiembre de 1941, atribuía a la influencia de Peiró y de sus amigos que en una población industrial como Mataró, con un sindicalismo tradicionalmente activo, no se hubiesen producido atentados sociales, por lo menos desde 1928, año en que Ciges había empezado a ejercer su cargo en la ciudad. Decía el juez Ciges que, al ser puestos el 20 de julio de 1936 en libertad condenados por él en Mataró a causa de los delitos de reunión clandestina y tenencia ilícita de armas y explosivos, ellos fueron a detenerle a él y al oficial criminalista Pedro Terés Novallas, pero fueron salvados por la intervención de Peiró.
          A continuación fue destituido de su cargo de juez y Peiró le facilitó salvoconducto para trasladarse a Valencia. Restituido en su cargo en Mataró en 1937, el juez Ciges fue procesado por el Tribunal de Espionaje y Alta Traición. Peiró declaró en su favor en el juicio y le salvó de la pena de muerte que le querían imponer. Estuvo preso hasta el fin de la guerra, pero Joan Peiró logró evitar que enviasen al juez Ciges a un campo de trabajo:
          "Por todo ello el declarante cree firmememente y puede afirmar que en distintas ocasiones Juan Peiró Belis, desinteresadamente y con gran humanitarismo, salvó al vida al que declara. Que según los antecedentes que ha podido recoger tienen entendido que la conducta seguida por Juan Peiró Belis con el que suscribe, ha sido norma general de toda su actuación".
          También declaraba el mismo día y en el mismo sentido Pedro Terés Novallas, que había sido concejal de derechas del ayuntamiento de la ciudad después del seis de octubre de 1934, y era en 1941 como Ciges miembro de FET y de las JONS.
          Junto con ellos prestó en las mismas fechas declaración por escrito en favor de Peiró otra persona juzgada con el juez Ciges en las misma causa en el año 1938, el comerciante de ultramarinos de Mataró, Martín Fité Bragulat, que también ostentaba carnet de FET y de las JONS. Fité decía que se había salvado de ser asesinado gracias a Peiró al principio de la guerra y que había recibido de él garantías para declarar en el juicio contra los militares de Mataró a favor de éstos. Más tarde, gracias a Peiró, salió absuelto en el juicio del 19 de abril de 1938 en el que compareció con Ciges, con Juan Prado, que era jefe de la cárcel de Mataró entre octubre de 1936 y septiembre de 1937, y con el juez de la Seu d'Urgell, Niceto Ciscar Ríos. Obsérvese que en la fecha de ese juicio Peiró acababa de ser nombrado comisario general de electricidad del segundo gobierno de Negrín, y su influencia, por tanto, había aumentado.
          Según declaración de Peiró en Madrid, reiterada en su petición de comparecencia de testigos fechada en Valencia el 11 de septiembre de 1941, y confirmada por la policía de Barcelona, el SIM acusó a los cuatro procesados de facilitar la salida de la cárcel de Mataró a personas de derechas y de procurarles luego el paso por la frontera.
          Ante las atrocidades cometidas en los primeros meses de la guerra civil, no parece que esos cargos graves desaconsejasen a Peiró declarar en favor de los inculpados, quizás porque los presos liberados no eran quintacolumnistas. Ciges y Prado habían sido suspendidos de destino y de sueldo el 27 de octubre de 1937. Corría en Mataró la versión, muy difícil de comprobar, de que se trataba de una represalia contra Ciges porque iba detrás de los ejecutores del asesinato de los hermanos Clavell, el último crimen político-social sucedido en Mataró y en concreto el 5 de febrero de aquel año 1937. Hay que tener en cuenta que después de los hechos de mayo se había iniciado una investigación de los crímenes cometidos en los primeros meses de la revolución, dando lugar a detenciones y procesos. La respuesta contra esa investigación fue el atentado sufrido el 2 de agosto de 1937 por el presidente de la Audiencia de Barcelona, Josep Andreu i Abelló, ataque del que salió ileso.
          Rafael Vidiella, consejero de trabajo de la Generalitat y dirigente del PSUC y de la UGT, presionó en septiembre para que se detuviesen las investigaciones y los procesos contra los culpables de crímenes del anterior período. Según le dijo Bosch Gimpera a Manuel Azaña, ello se debía a que hasta entonces habían sido detenidos sólo anarquistas pero empezaban a caer también militantes del PSUC.
          Si Ciges y Fité presentaron una declaración escrita muy favorable a Peiró, no consta en el sumario papel alguno ni de Prado ni de Ciscar. El segundo era en 1941 abogado en Barcelona y secretario de la Cámara Oficial de Fabricantes de Chocolate y estaba ausente en el momento que la policía le buscó para constrastar la segunda declaración de Peiró en Madrid. Prado dijo a la policía que la intervención de Peiró había sido mínima en el proceso de 1938 -afirmación desmentida por Ciges y por Fité- y que más importante había sido la amenaza del presidente de la Audiencia, Andreu Abelló, de implicar a Rafael Vidiella, consejero de la Generalitat, por haber participado en la distribución de dinero para liberar a los presos.
          Según dijo a la policía el delegado de información de FET y de las JONS de Mataró, Prado había actuado por dinero mientras Ciges era un hombre honrado. En cuanto a Fité dijo que merecía poca confianza porque había hecho viajes a Francia como responsable de abastos de Mataró y no había aprovechado para pasarse a la otra zona. Añadía, sin embargo, que Fité había hecho importantes donativos al Socorro Blanco y era posible que hubiese servido al espionaje del mando nacional.
          Tres jueces más enviaron declaraciones pòr escrito al tribunal que había de juzgar a Peiró. Uno había sido en 1934 juez municipal de Castellar del Vallès en 1934, José Armengol Roca, que se refugió en Mataró bajo la protección de Peiró. Armengol perdió sus bienes, confiscados por la CNT, pero salvó la vida.
          Otro era Fernando López de Sagredo y Baroeta, presidente accidental en 1941 de la Audiencia de Tarragona, abogado durante la guerra. Declaraba que conocía a Peiró desde 1924, que el acusado siempre había sido enemigo de la violencia, que había interpuesto toda su influencia para que no se fusilara al coronel Dufóo, jefe de la guarnición de Mataró en 1936, pero más tarde fue ejecutado aprovechando el hecho de que Peiró había marchado a Valencia como ministro. Según López de Sagredo, Peiró evitó muertes en Mataró, y sabía por unos clientes que tenía en la industria del vidrio que se había opuesto a las colectivizaciones en el sector, a la vez que había sido partidario de un armisticio con los nacionales. El escrito está fechada el 20 de septiembre de 1941.
          Un oficial de prisiones en Valencia, detenido en 1937, Juan García Manzanet, declaraba el 25 de junio de 1942 que había sido puesto en libertad gracias a Peiró y a pesar de que éste conocía la ideología derechista del declarante.
          La personalidad de más relieve político dentro del grupo de los jueces fue la de Francisco Ruiz Jarabo, magistrado del trabajo en Madrid entonces y futuro ministro de Franco. Declarado cesante como juez de Tarancón, después de haber sido encarcelado en Cuenca y en Madrid en 1936, salvó la vida "milagrosamente" y se refugió en enero de 1937 en casa de unos tíos suyos de Valencia. Consiguió gracias a Peiró el pasaporte para salir de la zona republicana el 15 de enero y entró dos días después en la zona denominada nacional, sin que a Peiró se le escapase que esa era su intención. La declaración está fechada el 5 de diciembre de 1941. El defensor de Peiró, Andreu Serra y Francesc Belis, primo de Peiró, fueron a Madrid y pidieron a Ruiz Jarabo que se deplazasen a Valencia para declarar ante el tribunal, cosa a la que él no accedió. Por ese motivo tanto Serrano como Manent censuran a Ruiz Jarabo pero no hay duda de que no hizo menos que la mayor parte de los testigos favorables que enviaron su declaración escrita y son alabados por el defensor de Peiró y por Manent en sus recuerdos. Ruiz Jarabo sería subsecretario del ministerio de trabajo con José Antonio Girón en 1951, ministro de justicia en 1973 y se le renovaría el cargo en el gobierno de 1974.

El testimonio de algunos empresarios y propietarios
          Un tercer grupo de testimonios favorables a Peiró está formado por ocho empresarios, encargados y propietarios. Empezaremos por los residentes en Cataluña. Juan Pedro Vidal, presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, perseguido por el comité de la Torrassa para matarle, era antiguo compañero de trabajo de Joan Peiró y logró que éste se presentara ante aquel comité y consiguiese que se respetase su vida y la de su familia. También le facilitó los medios para refugiarse en la provincia de Girona y así, salvarse.
          Angel Sabas Sabas, vecino también de l'Hospitalet de Llobregat y afiliado a FET y de las JONS, amenazado por ser director de una fábrica de vidrio y presidente de un centro de derechas de Collblanc, recurrió a Peiró, con el que también había trabajado, se fue a su casa en Mataró y estuvo bajo su protección.
          También salvaguardó Peiró la seguridad de Niceto Corominas Codina, comerciante de Badalona y antiguo concejal del ayuntamiento de la ciudad cuando la Dictadura. Una hija de Peiró se fue a vivir una temporada con Corominas y su familia para evitarles agresiones. La hija de Corominas, Rosa Corominas Cristany, maestra nacional de Badalona, logró conservar su puesto del que querían desposeerla por ser católica. Su hermano, Joaquín, declaró que, próxima a ser llamada su quinta, logró que Peiró protegiese a su familia de posibles represalias cuando pasó la frontera para pasarse a la otra zona. También la esposa de Niceto Corominas, Lucía Cristany, destacada figura de las conferencias de San Vicente de Paul, amenazada por la prensa de Badalona cuando la guerra, declaró que Peiró la había preservado del peligro que la amenazaba. Estos cuatro miembros de la familia Corominas enviaron escritos jurados.
          Esteban Dolcet, de Barcelona, apoderado de la casa José de Calasanz Martí, fue amenazado por sus empleados y se refugió durante muchos meses en casa de Peiró, que también liberó a la madre de Dolcet, apresada para saber donde estaba su hijo. Dos afiliados a FET y de las JONS de Cornellá, Alejandro Torreblanca y Pedro Marigó, corroboraron son su testimonio estos hechos.
          Dos propietarios del pueblo de Castellserá, en la provincia de Lleida, Samuel Pons Carrera, alcalde del pueblo después de la guerra, y Francisco Perera Company, declararon también por escrito que Peiró les había salvado de la condena a muerte que se les había impuesto en la ciudad de Lleida el 30 de septiembre de 1936, junto con Ramon Sarri, que fue ejecutado.
          En Alicante, cuando era ministro, Peiró salvó a dos fabricantes de calzado, vecinos de Elda, Eloy Vera Santos y su hermano Francisco. Su fábrica en Almansa había sido colectivizada y Peiró designó un delegado gubernativo que veló todo lo que pudo por los intereses de los Vera. Estaban presos en Alicante, cuando se vieron amenazados de ser ejecutados si se producía un nuevo bombardeo de la ciudad. Peiró se presentó en la cárcel y con su autoridad de ministro ordenó que ningún prisionero sufriese represalias.
          Los hermanos Vera salieron de la prisión el 2 de febrero de 1937 y Peiró les facilitó su coche oficial para refugiarse en Valencia y llegar después a la Jonquera. Eloy Vera pasó la frontera con los suyos, pero Francisco Vera decidió volver a Alicante y permaneció escondido porque su hijo había sido condenado a tres años de trabajos forzados y Peiró no pudo conseguir su libertad cuando dejó de ser ministro. Francisco Vera fue el primer alcalde de Elda después de la guerra y Eloy Vera era jefe local de FET y de las JONS. El 4 de noviembre de 1941 declaraba que no conocía antes a Peiró y añadía: "Ello prueba que todo cuanto realizó en favor de nuestra familia lo hizo llevado por su acendrado espíritu de humanidad y porque Dios lo constituyó en nuestro protector para bien nuestro".
          Francisco Vera declaraba también el 20 de octubre de 1941 que era testigo de que Peiró había salvado de tres vecinos de Callosa del Segura, el comerciante Franco, su chofer Marhuenda y el médico Lucas. Se había impedido declarar a los testigos de descargo en el juicio de aquellos acusados y Peiró, como ministro, consiguió la repetición del juicio. Volvieron a ser condenados a muerte pero Peiró logró la conmutación de la pena capital.

Las declaraciones de personas de derechas
          El último grupo a considerar es el formado por gente de derechas que no parecen ser ni empresarios ni propietarios. Por ejemplo Emilio Saleta Llorens, del cuerpo de secretarios municipales y en 1941 militante de FET y de las JONS, salvado por Peiró en noviembre de 1936 en Mataró, al ser detenido por ayudar a perseguidos.
          Otro era Eugenio Gómez Alaestante, tío de Francisco Ruiz Jarabo, que logró gracias a Peiró salvoconducto para marcharse de Valencia y de la zona republicana él, su hermana y dos sobrinas, una de ellas monja, el 14 de enero de 1937 y entraron en la otra zona el día 17.
          Manuel Cordero Doblado, vecino de Badalona, declaró que Peiró le había salvado la vida cuando fue condenado al encontrársele propaganda electoral de Renovación Española en el momento de ser detenido en febrero de 1937. No consta en cambio declaración de Julio Pons ni del médico Bernardo Omenal, vecinos de la localidad valenciana de Burjassot, acusados de fascistas y puestos en libertad gracias a Peiró, según había declarado éste.
          La policía de Barcelona confirmó que Juan Lleonart, vecino de Mataró, antiguo tradicionalista, que pasó del sindicato católico al Sindicato Libre, había sido liberado por Peiró cuando había sido detenido en 1931, al proclamarse la República, y que al estallar la guerra, se refugió en casa de Peiró, salvando asi la vida. Era en 1941 chofer del ayuntamiento de Mataró.
          Lorenzo Marigot resulta un caso interesante. Trabajaba en una fábrica de vidrio de Cornellá de Llobregat, era antiguo compañero de Peiró y fue alcalde de la población en 1935, época en que pertenecía al Partido Radical de Lerroux. Perseguido en 1936, vivió en casa de Peiró toda la guerra. Afiliado a FET y de las JONS, fue el primer alcalde de Cornellá después de la guerra.
          Otro derechista, que había pertenecido a la guardia real de alabarderos y después se había afiliado a FET y de las JONS, José Vives Pamies, fue uno de los no mencionados por Peiró que presentaron declaración jurada proclamando que Peiró le había salvado de una muerte segura y que lo mismo había hecho con muchos otros.
          La última declaración escrita recibida en Valencia, fechada en Barcelona el 6 de julio de 1942, fue la de Antonio Fernández Martín, militante de FET y de las JONS, del servicio de información a las órdenes de Santa Marina. Conoció a Peiró cuando éste era comisario general de electricidad, ya que Fernández trabajaba en el sector y Peiró le ofreció un puesto en el consejo de empresa para contrarrestar el predominio comunista. Antonio Fernández declaraba que había pasado información sobre el emplazamiento de los aeródromos republicanos pues los conocía debido a las peticiones de instalación de electricidad. Peiró se negó a entregar al SIM diez y nueve técnicos superiores acusados por los comunistas. Logró retener empleados que habían sido movilizados e impidió, según Fernández, que se volaran las centrales eléctricas en la retirada.

Balance de la masa de declaraciones en favor de Peiró
          En total declararon por escrito un religioso, seis militares de los nueve mencionados por Peiró, seis de los ocho jueces y funcionarios de justicia y de prisiones favorecidos por el acusado, nueve de los doce empresarios, encargados y propietarios favorecidos por la protección de Peiró, uno de ellos acompañado de su mujer y sus dos hijos que hay que sumar a los declarantes, y, finalmente, cinco de un total de ocho empleados y personas de derechas y de condición social no identificada. Hay que sumar el testimonio del dirigente falangista Santa Marina. Se recogieron por tanto 28 declaraciones juradas y certificadas. No resultó desmentido ninguno de los casos invocados por Peiró y sólo en dos se matizó a la baja su intervención a favor de alguien.
          Los testimonios escritos llegaron a Valencia en dos bloques. El primero, entregado expontaneamente por Eulalia Oliver Carbonell el 14 de junio de 1941 al juez instructor militar. El segundo bloque llegó gradualmente entre el otoño de 1941 y la primera mitad de 1942. De nada sirvieron.
          Cuando Peiró solicitó desde la cárcel de Valencia al capitán general el 11 de septiembre de 1941 que se pidiera declaración a una lista de posibles testigos de descargo, la respuesta del juez instructor militar el 23 de octubre resulta reveladora pues considera que "dichas declaraciones lo único que pueden hacer es retrasar la tramitación del presente procedimiento, toda vez que lo que aparece en el segundo resultando son cargos concretos que no niega el encartado" . Y añadía que ya constaban testimonios escritos suficientes. Es decir se juzgaba a Peiró en Valencia -y no en Barcelona- por haber sido ministro de la República en aquella ciudad y lo demás sobraba.
          Pero, en contradicción con lo anterior, el juez instructor consideraba la posibilidad de que se trasladase el proceso a la cuarta región militar, es decir a Barcelona. Esa posibilidad fue descartada el 17 de noviembre de 1941 por el fiscal militar de Valencia y luego por el auditor el 22 de noviembre de 1941, "advirtiéndole que por la naturaleza y gravedad de los hechos proceda con la mayor urgencia". La interpretación de Manent es que, fracasadas las gestiones para lograr la colaboración de Peiró, habían decidió actuar a partir de ahora con la celeridad típica de un consejo de guerra.
          El 19 de enero de 1942 enviaba la delegación de información e investigación de la jefatura local de FET y de las JONS de Mataró su informe, donde repetía y agravaba sus primeras acusaciones y el 19 del mismo mes tramitaba la suya la Guardia Civil de Mataró, muy parecida y casi calcada de la de FET y de las JONS. Le acusaban de haber ocupado la vicepresidencia del comité local de Mataró después del 19 de julio de 1936, lo cual negaba Peiró porque ello servía para involucrarlo en las responsabilidades por todos los crímenes y agresiones de los primeros meses de la guerra. Peiró había dejado el cargo a mediados de agosto.
          Se le hacía corresponsable de la contribución que se impuso especialmente a la gente de derechas para mantener a las familias de los milicianos de Mataró que marchaban al frente y se le seguía acusando de la incautación de la casa de Antonio Carrau y de haber causado allí desperfectos. El alcalde de Mataró reforzaba esos cargos con el de haber llevado a cabo la colectivización de la cooperativa del vidrio en que trabajaba Peiró.
          Para contrarrestar los artículos de Peiró condenando los crímenes de los incontrolados, se citaban artículos donde aparecía clara la militancia anarcosindicalista y revolucionaria de Peiró, porque la cuestión era la siguiente: salvar a personas de derechas en peligro no exculpaba a Peiró de la militancia revolucionaria por la que se le quería condenar. Igualmente se denunciaba un artículo aparecido en Llibertat el 9 de agosto de 1936, que se consideraba insultante respecto al general Queipo del Llano, las "charlas" del cual desde Radio Sevilla no se caracterizaban por su corrección.
          El fiscal jurídico militar redactaba sus conclusiones generales el 11 de mayo de 1942. En ellas aparecía algún disparate como que Peiró había participado en la Semana Trágica de 1909 en unión de García Oliver, Ascaso y Durruti, que por aquellas fechas, como diría después Peiró, eran sólo unos niños, y además aun no vivían en Barcelona. El fiscal hacía responsable a Peiró de saqueos, rapiñas y hasta de las checas, y pedía la pena de muerte.
          A continuación se designó defensor al alférez de artillería Luis Serrano Díaz. Según el relato que este escribió y envió a Josep Peiró años más tarde, mientras fue capitán general en Valencia Enrique Cánovas Lacruz, fue normal dejar a los defensores presentar toda clase de pruebas, pero la situación cambió con Eliseo Alvarez Arenas en la capitanía general y el coronel Federico Loygorri al frente de los juzgados militares especiales. Los defensores eran coaccionados. Serrano no conocía antes a Peiró e ignoraba su trayectoria, pero no se limitó al papel usual entonces los defensores militares de oficio. Según explicó después, tomó muy a pecho la defensa del acusado ante la impresión que le produjo tanto la calidad y el número de los testigos de descargo como la personalidad de Peiró.
          Andreu Serra, Francesc Belis y Esteban Dolcet llegaron a pagar diez mil pesetas de la época a un abogado de Valencia, José Maria Ramírez y Rodríguez de Magenti, para que confeccionase una defensa extensa, que Serrano consideró inadecuada porque Loygorri no se la hubiese dejado leer. Para ganar tiempo, el 18 de junio solicitó la defensa que se reclamase la declaración escrita de diversas personas que no lo habían hecho, pero no lo consiguió.
          Explica el defensor que cuando el 21 de julio de 1942 iban a entrar en la sala para celebrar el sumarísimo, le dijo el coronel Loygorri: "Luis, tiene usted media hora para hablar, y mucho cuidado con lo que va a decir, porque le puede venir un paquete gordo". El tribunal estaba formado por el mencionado coronel, los capitanes Vázquez y Mulet, el teniente Ruiz y el teniente Rojas como ponente.
          Declararon ante el tribunal Santa Marina, el hermano Doroteo, director del colegio de los maristas de Mataró y Martín Fité. Siguió el fiscal con la calificación rutinaria de los hechos como adhesión a la rebelión apreciando el agravante del artículo 170 del código de justicia militar y solicitó la pena de muerte. Serrano recordaba haber hablado hora y media y haber denunciado las irregularidades cometidas al haber elevado a definitivo el sumario sin haberse reclamado que prestasen declaración judicial por exhorto los testigos de descargo que todavía no lo habían hecho. El resumen que contiene el acta, dice lo siguiente: "La Defensa alega que el procesado aunque participante en partidos de izquierda, fue su actuación tan moderada siempre y mucho más durante el dominio rojo, siendo el paño de lágrimas de todos los perseguidos hasta el extremo que en varias ocasiones fue amenazado como fascista; fue testigo de descargo en el Consejo de Guerra contra los militares y aceptó un cargo de Ministro en el Gobierno de Largo Caballero precisamente para evitar males mayores. Quiso venir a España a ser juzgado como se demuestra por la carta escrita al consul que consta en el sumario, favoreció tanto a militares como a religiosos y habiendo tenido una actuación muy moderada, y pide la pena de treinta años de cárcel".
          Al preguntar el tribunal al acusado si tenía algo que añadir, contestó que no. A la salida de la sesión Loygorri le dijo a Serrano: "Efectivamente, a este hombre, yo, le elevo una estatua en la plaza del Caudillo por todo el bien que ha hecho a mucha gente y, luego, lo fusilo por haber sido ministro".
          El mismo día se conoció la condena a muerte y el tribunal acordaba expresamente no elevar la propuesta de conmutación porque la conducta del acusado caía de lleno en el número dos del grupo primero del anexo de la orden circular de la presidencia del gobierno de 25 de enero de 1940, que antes se ha explicado.
          Inmediatamente salieron para Madrid Serra y Belis con el recurso contra la sentencia y el Consejo Supremo de Justicia Militar la admitió. Volvieron inmediatamente a Valencia con el resguardo y el defensor presentó el documento al auditor para que aguardase a la resolución del tribunal de apelación, pero el auditor le envió al capitán general. La entrevista entre Serrano y Alvarez Arenas tuvo momentos de extrema tensión y acabó con estas palabras del capitán general: "Muchacho, ni tú ni yo vamos a disparar la bala que lo matará, pero aunque quisiéramos, tampoco podemos salvarle la vida".
          A las ocho y media del atardecer del 24 de julio de 1942 Joan Peiró fue fusilado en el campo de tiro de Paterna con otros seis cenetistas. El único privilegio de que había gozado era haberlo juzgado a él solo cuando era normal juzgar y condenar grupos enteros, algunos numerosos. Un amigo recogió el cadáver para que no fuese a parar a la fosa común como el resto y lo depositó en un nicho que acababa de comprar. Hoy sus restos reposan en el cementerio de Mataró.
          El alférez Serrano fue trasladado forzoso a Marruecos y poco después pidió la baja en el ejército y emigró a Venezuela. En abril de 1944, poco antes de dejar el uniforme, Serrano leyó en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército un comunicado del Consejo Supremo de Justicia Militar citando a Peiró o a persona que le representase para comunicarle la sentencia que sobre él había recaído.
          El consejo de guerra contra Joan Peiró resulta representativo por el desenlace, pero a la vez es excepcional por la cantidad y calidad de los testigos de descargo tal como ya se ha dicho. El sumarísimo 1156-V, que los amigos de Peiró daban por desaparecido, se ha conservado y consta de 140 folios.
          Aunque el caso de Peiró sea representativo, siempre hay excepciones que confirman la regla. Cipriano Mera, condenado a muerte en Madrid el 26 de abril de 1942, vio conmutada la pena el 28 de julio de 1942 con otros setenta condenados al fusilamiento. Los cargos que pesaban sobre él eran más graves, según se mire, que los que costaron la vida a Peiró. Líder del sindicato de la construcción de la CNT en Madrid antes de la guerra, Mera combatió eficazmente con las armas a los denominados nacionales, consiguió un prestigio casi legendario y llegó a mandar el cuarto cuerpo de ejército del centro de España. Detenido en 1942 cuando se disponía a embarcar en Casablanca rumbo a Méjico, fue el único exiliado español extraditado, debido a que fue juzgado en el protectorado francés de Marruecos.
          El 31 de septiembre de 1946, después de la derrota nazi-fascista en la segunda guerra mundial, se le concedió la libertad provisional y pasó clandestinamente a Francia al cabo de algún tiempo.
          No parece atenuante suficiente, a primera vista, que Cipriano Mera hubiese combatido y vencido a los comunistas en Madrid cuando la sublevación del coronel Casado en marzo de 1939, hecho que precipitó la victoria ya imparable del general Franco, que se negó a negociar con el consejo de defensa insurrecto contra Negrín. El socialista Julián Besteiro, miembro como Mera del consejo nacional de defensa que se formó contra los comunistas y el gobierno de Negrín, se entregó y fue condenado a cadena perpetua, muriendo en el penal. Este precedente podría haber ayudado a Cipriano Mera, pero Besteiro no había tenido cargos durante la guerra civil y en cambio Mera era un jefe de cuerpo del ejército republicano. Y ese había sido el argumento que había esgrimido Besteiro para aconsejar a Mera que huyese en vez de quedarse en Madrid como él.
          Por tanto, a pesar de que la máquina represiva militar de la inmediata postguerra seguía normas uniformes e implacables, existió un margen de decisión personal imprevisible de las autoridades, que, en la misma coyuntura, fue fatal en el caso de Peiró y favorable en el de Mera.